Piden ‘limpia’ en juntas laborales
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Piden ‘limpia’ en juntas laborales
Especialistas y abogados laborales demandan una "limpia" en las juntas de conciliación y arbitraje para terminar con procesos dilatados, corrupción, coyotaje, falta de capacitación de funcionarios e ineficiencias; coinciden en que la reforma laboral no es suficiente y "queda limitada"
Especialista en Derecho Laboral expone que entre los problemas fundamentales de la Junta Federal de Conciliación y Arbirtraje está el exceso de juicios y la falta de experiencia administrativa.
Procesos dilatados, corrupción, coyotaje, falta de capacitación en funcionarios en todos los niveles, sueldos bajos en algunos empleados, ineficiencias como falta de control en el archivo de expedientes, son algunos de los problemas que enfrentan trabajadores y abogados en las juntas de conciliación y arbitraje.
De acuerdo con testimonios de litigantes y trabajadores, la mayoría coincide en su desacuerdo con las situaciones adversas que viven en esas instituciones.
La reforma laboral no es suficiente, queda limitada, pues lo que se requiere es hacer una limpia a fondo en las juntas, señalan los consultados.
Jesús Luna Arias, especialista en Derecho Laboral y abogado litigante expone: “Los cambios no ayudarán a modificar la situación ahí. Hay tres problemas fundamentales: uno administrativo, que tiene que ver con quienes son presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje, que pudiera ser que cuenten con experiencia jurídica, pero no tienen experiencia administrativa.
“En segundo lugar, falta de capacitación a los funcionarios de todos los niveles, y en tercero, están rebasados en su totalidad por la cantidad de juicios que existen y por el personal que traen. Esos y otros problemas, como bajos salarios, si no son resueltos, de nada servirá la reforma laboral”.
Rosalinda Vélez Juárez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sostiene lo contrario y subraya que sí beneficiará. Por ejemplo, explica que la indebida prolongación de los juicios provoca que los trabajadores tarden años en recibir la indemnización que conforme a la Constitución les corresponde, que tiene por objeto hacer frente en los primeros meses a la situación de desempleo.
“Lo anterior, pone en riesgo la viabilidad y subsistencia de las micro y pequeñas empresas, ante reclamaciones impagables que crean incertidumbre y desalientan la contratación”, dijo.
“Con la reforma, en primer lugar, se modifican procedimentales para agilizar los juicios ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y por otra parte, se cambia el mecanismo para el cálculo de los salarios vencidos; hay que aclarar, serán cubiertos durante todo el juicio.
“Se pagará a los trabajadores el 100% de su salarios durante el primer año del juicio; si continúa, se pagará una tasa de interés de 2% mensual, sobre la base de 15 meses de salario, es decir, 24% anual”, refiere la funcionaria.
Paralelamente, precisa, se establecen sanciones a los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral (multa de hasta mil veces el salario mínimo).
También se fijan sanciones para los servidores públicos cuya conducta irregular haga que los juicios se retrasen más allá de los plazos que establece la ley. Se fija para ellos como sanción la suspensión ó destitución, y se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de un delito.
Leer más en: [Solamente los administradores pueden ver este vínculo]
Especialista en Derecho Laboral expone que entre los problemas fundamentales de la Junta Federal de Conciliación y Arbirtraje está el exceso de juicios y la falta de experiencia administrativa.
Procesos dilatados, corrupción, coyotaje, falta de capacitación en funcionarios en todos los niveles, sueldos bajos en algunos empleados, ineficiencias como falta de control en el archivo de expedientes, son algunos de los problemas que enfrentan trabajadores y abogados en las juntas de conciliación y arbitraje.
De acuerdo con testimonios de litigantes y trabajadores, la mayoría coincide en su desacuerdo con las situaciones adversas que viven en esas instituciones.
La reforma laboral no es suficiente, queda limitada, pues lo que se requiere es hacer una limpia a fondo en las juntas, señalan los consultados.
Jesús Luna Arias, especialista en Derecho Laboral y abogado litigante expone: “Los cambios no ayudarán a modificar la situación ahí. Hay tres problemas fundamentales: uno administrativo, que tiene que ver con quienes son presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje, que pudiera ser que cuenten con experiencia jurídica, pero no tienen experiencia administrativa.
“En segundo lugar, falta de capacitación a los funcionarios de todos los niveles, y en tercero, están rebasados en su totalidad por la cantidad de juicios que existen y por el personal que traen. Esos y otros problemas, como bajos salarios, si no son resueltos, de nada servirá la reforma laboral”.
Rosalinda Vélez Juárez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sostiene lo contrario y subraya que sí beneficiará. Por ejemplo, explica que la indebida prolongación de los juicios provoca que los trabajadores tarden años en recibir la indemnización que conforme a la Constitución les corresponde, que tiene por objeto hacer frente en los primeros meses a la situación de desempleo.
“Lo anterior, pone en riesgo la viabilidad y subsistencia de las micro y pequeñas empresas, ante reclamaciones impagables que crean incertidumbre y desalientan la contratación”, dijo.
“Con la reforma, en primer lugar, se modifican procedimentales para agilizar los juicios ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y por otra parte, se cambia el mecanismo para el cálculo de los salarios vencidos; hay que aclarar, serán cubiertos durante todo el juicio.
“Se pagará a los trabajadores el 100% de su salarios durante el primer año del juicio; si continúa, se pagará una tasa de interés de 2% mensual, sobre la base de 15 meses de salario, es decir, 24% anual”, refiere la funcionaria.
Paralelamente, precisa, se establecen sanciones a los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral (multa de hasta mil veces el salario mínimo).
También se fijan sanciones para los servidores públicos cuya conducta irregular haga que los juicios se retrasen más allá de los plazos que establece la ley. Se fija para ellos como sanción la suspensión ó destitución, y se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de un delito.
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